El lunes 5 de octubre vecinos y vecinas de la comuna de Monte Patria, vieron llegar máquinas a un humedal que nace de la confluencia del río Mostazal y el río Grande. De inmediato preguntaron qué iban a hacer y ante la falta de información convincente, hicieron retroceder la maquinaria hasta que no hubiera claridad de las faenas.
En contextos de marcada crisis hídrica en la región de Coquimbo, con decretos crónicos de escasez desde el año 2005, sumado al fenómeno de migración climática que acusa la comuna de Monte Patria, y un Río grande con decreto de agotamiento de la DGA desde el año 2005… la comunidad ha visto con sorpresa e impotencia cómo en medio de la pandemia, lo único que no se ha detenido en la comuna son las máquinas que destruyen flora nativa para sustitución con cítricos, paltos y uvas, más otras máquinas que con subsidios del Estado mediante la ley 18.450, construyen megaestanques y entuban canales para expandir el monocultivo en el territorio.
De ahi que al ver estacionarse un camión y desembarcar una máquina que fue directo al río sin que nadie supiera quién la autorizaba y qué haría en el río, comenzaron a llegar vecinos y vecinas, se activaron las redes de fiscalización, concurrió el municipio, y se descubrió que al parecer la Dirección de Obras Hidráulicas había decidido instalar una estación de medición fluviométrica en el lugar, pero operó como si el territorio estuviera vacío. Ninguna organización estaba informada, ni aquellas que fiscalizan la distribución de aguas de los ríos, ni la autoridad política, ni las organizaciones.
Como el vecindario cada vez concurría en mayor número, los trabajadores fueron mandatados finalmente a abortar la misión y retirarse del lugar. Los y las vecinas procedieron a rellenar a mano el trabajo comenzado a hacer por la máquina, sin antes observar que el trazado alcanzado a desarrollar se parecía mucho más a un canal para direccionar las aguas que abastecen al humedal donde anidan cientos de aves y encuentra su casa flora y fauna local… hacia otro destino… la comunidad mira con suspicacia la instalación de parronales que en pocos meses arrasaron con hectáreas de flora nativa e incluso avanzaron sobre parte del antes parque ecológico la Gallardina, que por apremios económicos en un país que subsidia la devastación y no la conservación, su dueña se vio obligada a vender.
Es en ese marco, que la comunidad hoy está en estado de alerta, no quiere más intervención, más tala ni más daño al medio ambiente. Margarita Fernández, una de las vecinas concurrentes, señala que “no se va a permitir más intervención en el río, eso ya se había zanjado hace años con la autoridad y ahora toca hacerlo cumplir”. Esto cobra aún más fuerza luego de que hace solo dos semanas la empresa CARSAL devastó la flora nativa emplazada un par de kilómetros más arriba en la ribereña franja fiscal, y sus máquinas no han cesado labores pese a la flagrante y reportada irregularidad. Del mismo modo, se han multiplicado las denuncias a CONAF, pero pareciera ser que la repartición pública no tiene ni el financiamiento, ni el respaldo institucional, ni el aplomo, para frenar el accionar inescrupuloso del empresariado agroindustrial.
