La realización de la consulta ciudadana para que habitantes de la comuna de La Higuera se manifestaran por un si o no al proyecto minero portuario Dominga no solo ha sido fuertemente cuestionado por la baja participación (827 personas de un padrón sobre los 3 mil inscritos) sino por la forma en que el alcalde Galleguillos puso el proceso en tabla sin dar espacio a la difusión y transparencia requerida.
Urbano Morales, concejal de La Higuera alertó el pasado martes que la consulta fue puesta en tabla para votación en el Consejo sin mayores antecedentes y con un plazo acotado que no garantizó la amplia participación ciudadana. “Tenemos muchas criticas, no estamos conformes con lo que se realizó, tanto en los tiempos como en la información que se entregó a la comunidad y como se planteó en tabla desde un comienzo no fue transparente y desde ahí es que comienza toda la desconfianza se sube a la pagina el día martes 8 y se pretende realizar el 12 cuatro días después.No hubo planificación para difusión para una participación realmente democrática y que haya participado menos del 20% del padrón demuestra que fue un fracaso eso indica que esto no se hizo con la máxima difusión y que se orientó a un sector solamente de la comunidad que está vinculado con la empresa o que están incentivados por proyectos relacionados con la minera”, señaló.
Al respecto la diputada Nathalie Castillo respaldó los dichos del concejal Morales y además destacó que frente a un proyecto que ha sido ampliamente rechazado por las organizaciones territoriales, medio ambientales y la propia comunidad no puede ser validado por medio de una estrategia comunicacional del alcalde “quien se ha declarado abiertamente a favor de la empresa desde su instalación”. “La participación ciudadana es crucial, una consulta vecinal es avanzar en gobernanza, sin embargo, este tipo de acciones espurias como la consulta de La Higuera solo vienen a deslegitimar estas herramientas democráticas. Estamos atentas a que sucede con la segunda sesión de conciliación a la que ha convocado la Corte Suprema y esperamos esto termine y que se haga eco de los multiples informes y de la voz del pueblo y las organizaciones”, sostuvo la parlamentaria.
En la misma línea el consejero regional Javier Vega catalogó el proceso como “viciado” y que no cuenta con la validación de las organizaciones quienes además han cuestionado el uso de recursos públicos. “Si bien los números de esta consulta plantean 795 votos a favor la mayoría de las organizaciones comunitarias, de buzos, pescadores, juntas de vecinos rechazaron participar en este proceso que no contó con estándares mínimos por ejemplo denunció a Andes Iron por prometer mejoras (agua, energía) a cambio del apoyo comunitario “La empresa juega con la necesidad de las personas y no puede ser”, concluyó.
