El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó la elaboración de una ley que eximirá a los APR’s del nuevo impuesto. Senador Daniel Núñez valoró la noticia que beneficia al mundo rural de la Región de Coquimbo y de todo el país.
Una excelente noticia se produjo para el mundo rural este martes en la Comisión de Hacienda del Senado, donde el Ministro del ramo, Mario Marcel, confirmó que los comités de Agua Potable Rural (APR) quedarán exentos del pago de IVA a los servicios que comenzó a regir desde este 1 de enero.
El senador de la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, explicó que la fórmula que usará el Ejecutivo para eximir del pago es mediante “un proyecto de ley que va a tener una tramitación muy rápida durante el año 2023 para asegurar y establecer en términos legales la eximición de los comités de Agua Potable Rural del cobro del IVA”.
El legislador, quien defendió los intereses expuestos por representantes de los APRs de las tres provincias de la región, valoró que esta respuesta responde a
“una necesidad tremenda para tener certeza de que no vamos a tener la amenaza de que ejecute un cobro que obviamente repercutiría en un alza en el valor de los APR, entendiendo que el acceso al agua es un derecho humano y que el Estado debe apoyar donde hoy día ese derecho humano no está garantizado, como es el mundo rural”.
Mientras se tramita el mencionado proyecto de ley, el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, informó durantre la sesión de la comisión de Hacienda la prórroga de la entrada en vigencia de la mencionada normativa hasta el 30 de noviembre de este año.
“Tenemos claridad que hasta noviembre del año 2023 no hay ningún tipo de cobro de IVA a los APR y esto va a quedar totalmente resuelto una vez que aprobemos una ley del ejecutivo para poder establecer que ellos no pagan IVA”, agregó el parlamentario.
Por otro lado, durante este mes de enero se concretará una mesa de trabajo con las dos organizaciones nacionales de agua potable rural, Fenapru y APR Chile, con el fin de que el mencionado proyecto del ley responda a los requerimientos de las organizaciones y de los mismos usuarios.
