La iniciativa que fue lanzada este miércoles busca trazar la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborar con las investigaciones judiciales y ayudar a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales.
“Con esta política pública nos hacemos cargo como Estado, no sólo como Gobierno, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance e ir corriendo las barreras de lo posible”, expresó este miércoles el Presidente de la República, Gabriel Boric, tras firmar el decreto que transforma el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia en una política pública permanente.
En este contexto, ante la presencia de familiares, amigos, autoridades regionales y organizaciones sociales se realizó un emotivo acto de conmemoración del Día de la Detenida y Detenido Desaparecido, una ceremonia marcada por la historia y testimonios de la lucha que por 50 años han llevado adelante las agrupaciones de Derechos Humanos.
“Valoramos enormemente que el Presidente de la República haya hecho este plan nacional de búsqueda porque nos llena de fortaleza y también de esperanza para seguir luchando”, indicó Ana Merino, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Región de Coquimbo.
El objetivo del Plan Nacional de Búsqueda es esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales.
“Siempre luchamos por no olvidar jamás, por mantener viva la memoria, que se haga justicia, saber la verdad y no a la repetición y entonces este plan tiene un tremendo significado, porque nos da más energía y más fortaleza, y eso nos llena de orgullo”, añadió Merino.
En tanto, Tarcila Piña, Jefa Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, manifestó que “destacamos que este Gobierno lo presente como una política de Estado, ya que claramente las masivas violaciones, sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en el año 1973 al 90, fueron cometidas por agentes estatales. Así que esperamos que tenga el respaldo de las organizaciones de detenidos desaparecidos y que vamos a estar muy atentos al contenido, a la política pública y a la transversalización que tenga el plan”.
Cabe mencionar que es la primera vez que el Estado de Chile se compromete a realizar una coordinación intersectorial para la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la memoria, de la reparación y de la garantía de no repetición.
Al respecto, el seremi de Justicia y DD.HH, Rubén García, destacó que esta iniciativa “inició en la región de Coquimbo con la primera sesión de diseño participativo, en el cual los familiares pudieron dar su testimonio y señalar cómo debería plantearse esta política pública, que pretende finalmente visibilizar y además esclarecer los hechos sucedidos durante la dictadura cívico-militar”.
Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, Rubén Quezada, remarcó que “tenemos un deber inquebrantable de no dejar de buscar a quienes faltan, a quienes fueron arrebatados de sus familias y seres queridos”.
Además, acotó que “es muy importante poder avanzar en esto con una política responsable y seria que trascienda a Gobiernos y que nos permita dar por subsanado, poder ayudar a avanzar a miles de familias que hasta el día de hoy esperan una respuesta de saber qué es lo que ocurrió con sus familiares”.
¿En qué consiste el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia?
Esta iniciativa se elaboró en base a tres objetivos:
- Esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada y su paradero.
- Garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada.
- Implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada.
De esta manera, el plan trazará la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborará con las investigaciones judiciales y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales.
Este plan tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno.
El trabajo de elaboración del plan también contó con el aporte de agrupaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria, representantes de la academia, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y más actores relevantes.
No obstante, se considera que se debe hacer otro esfuerzo para contar con el registro más preciso posible de la cantidad de personas que fueron víctimas directas de la represión.
