Durante la tarde de este jueves, trabajadoras y trabajadores de ANFUCULTURA se tomaron pacíficamente la oficina de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, ubicada en la comuna de Santiago, para exigir el cumplimiento de compromisos asumido por el ministerio sobre mejoramiento y fortalecimiento del servicio.
Sobre la movilización, Jorge González, presidente nacional de la organización, recalcó que la ocupación es “pacífica, para exigir y demanda al gobierno el cumplimiento de los acuerdos que las autoridades de Cultura firmaron en junio de este año y que permitió terminar un paro nacional de trabajadores, avanzar hacia un plan de fortalecimiento institucional, que nos permita tener una orgánica institucional, que nos permita tener mejores procesos de gestión de personas, que permita la nivelación de brechas salariales. Todo esto para tener y entregar más y mejores políticas culturales”.
La diputada Nathalie Castillo –integrante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados- destacó la señal de movilizarse que entregan las y los trabajadores respecto a compromisos que asume el Estado y que no se cumplen.
“Esta es una lucha de larga data de las y los funcionarios de cultura: la homologación de los grados, mejoras en las condiciones laborales. Más allá de la forma en cómo se movilizan, como la toma de la oficina de la ministra, a quien respaldamos desde primer día, creo que se tiene que buscar el cumplimiento de la demanda. Mucho más cuando estamos en plena discusión de presupuesto. Como parlamentarios de la Comisión de Cultura estamos dispuestos a ayudar”, señaló.
Los puntos que busca resolver la organización con esta ocupación es el aumento presupuestario para Cultura 2024 y los recursos para el Plan de Fortalecimiento Institucional; la regularización de los cargos del servicio, ajustando y disminuyendo brechas salariales; provisión inmediata de los cargos regionales disponibles, vacantes y nuevos, para enfrentar “la crisis de sobrecarga laboral que en regiones llega a niveles extremos”, medidas administrativas frente a acusaciones de “falta de control jerárquico, malos tratos y negligencia en el servicio”; y la reducción salarial y disminución de personal contratado en el gabinete.
