INDH realizó la actividad en la Casa de las Palmeras de Gabriela Mistral. Ante las autoridades regionales la jefa del INDH, Tarcila Piña, abordó también los principales puntos del Informe.
La jefa de la sede de Coquimbo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Tarcila Piña, presentó el miércoles 20 el Informe Anual Situación de los DD.HH. en Chile 2023. El acto, donde se hizo entrega del documento a las autoridades y organizaciones de la sociedad civil, se realizó en la Casa de las Palmeras de Gabriela Mistral y contó con la participación musical de la poeta Ana María Baeza y el guitarronero Álvaro Díaz.
Junto con presentar el informe, la sede reconoció a defensoras y defensores de DD.HH. de la región. Fueron la directora del sitio de memoria Casa de Piedra, Marlinda Alcayaga; la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Ana Merino; el representante de la Agrupación de Ejecutados Políticos de Ovalle, Claudio Cortés; la representante del colectivo Memoria, Cultura y Justicia, Erica Rojas, y Lucía Chirinos.
Estos reconocimientos se entregaron en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Las actividades que la sede realizó a propósito de esta fecha tuvieron el apoyo de las organizaciones de DD.HH. y Memoria. En su papel durante medio siglo ellas han impulsado la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
En la ocasión, la jefa regional destacó que “este es un momento muy relevante para reflexionar sobre las problemáticas que el INDH plantea este año para el debate público. Ellas materializan la discusión plural que se desarrolló dentro del Consejo del Instituto. Se trata de temas significativos, que afectan de modo directo a la ciudadanía. Por ejemplo, ante un desastre natural. También cuando hablamos de discriminación y el respeto a los derechos sociales”, indicó.
Capítulos del Informe del INDH
El Informe Anual 2023 del INDH comprende seis capítulos. El primero toca los 50 años del golpe de Estado. Aquí, se profundiza en los Avances y deudas en el cumplimiento de las obligaciones internaciones en materia de justicia transicional. El capítulo 2 aborda “las violencias y vulneraciones a los DD.HH. en la región centro sur de Chile». En tanto, el capítulo 3, analiza el principio de no discriminación y los derechos sociales.
En tanto, el capítulo 4 estudia la función policial y el orden público. Mientras que el capítulo 5 echa una mirada a la gestión de desastres en Chile desde la perspectiva de los DD.HH. Y el capítulo 6 analiza el derecho a la identidad y a la convivencia familiar frente a secuestros y adopciones irregulares de niños y niñas en Chile.
Discriminación y desastres naturales
En lo que se refiere al capítulo 3, el Informe describe un panorama al que las autoridades del Estado necesitan atender. En efecto, en términos generales, para los grupos de especial protección si bien la normativa chilena tiene avances, su efectividad queda en entredicho al no existir un aseguramiento de los recursos financieros necesarios. Esto es lo que ocurre en el caso de los programas de educación inclusiva para personas con discapacidad.
La situación se reitera al detectar que no se brinda una capacitación adecuada a los profesionales de la salud para atender a personas LGBTIQ+ y personas con discapacidad. Y un cuadro similar se genera al no realizar una adecuada fiscalización y evaluación del proceso de implementación de la normativa antidiscriminación en los ámbitos de la educación, la salud, el trabajo y la previsión social.
En cuanto al capítulo sobre desastres naturales, el informe señala entre otros nudos críticos las dificultades para implementar adecuadamente la ley 21.364, que instauró el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). En particular lo que toca a las fases de mitigación y preparación, lo cual compromete el derecho a la vida.
Distribución de recursos
Aquí se advierte una falta de distribución de recursos financieros a nivel local, lo que impacta en la gestión del riesgo de desastres. Se suma la demora en la generación de planes sobre la reducción del riesgo que tengan un diagnóstico completo de las amenazas presentes en el territorio. También se plantea la posibilidad concreta de que los gobiernos locales y subnacionales puedan priorizar el desarrollo y el fortalecimiento de sus capacidades técnicas. Esto, debido a que la ley no entrega recursos frescos para su implementación.
Y un último aspecto se refiere a las dificultades para desarrollar obras de mitigación, dado que implican coordinaciones intersectoriales y recursos de mayor envergadura. Este problema es más evidente en las zonas de carácter rural o con poca densidad poblacional. Para el análisis de políticas públicas, este tipo de inversión no cumple con criterios de rentabilidad.
