La diputada Nathalie Castillo solicitará que se decrete Alerta Sanitaria para la región de Coquimbo debido a la preocupante situación de sequía que atraviesa el territorio y que afecta a los sectores rurales, urbanos y periurbanos.
Un riesgo latente para la salud pública y los hogares que la parlamentaria busca resarcir a través de esta propuesta que en la práctica dispone de más recursos fiscales y herramientas para enfrentar la emergencia hídrica, siendo una de ellas la adquisición de bienes o servicios esenciales para que de esta manera se continúe proveyendo de un recurso fundamental para la comunidad.
Esta solicitud será comunicada durante la semana en las comisiones de Salud y de Recursos Hídricos (la congresista es integrante permanente) de la Cámara de Diputadas y Diputados y que de ser aplicada por el Ministerio de Salud (MINSAL) servirá de refuerzo al Decreto de Catástrofe por Escasez Hídrica ya implementado en la zona.
En palabras de la diputada, es este complejo escenario la medida sería complementada con el decreto vigente y “dará garantías de contar más recursos y tranquilidad a las personas”.
“Es una gran medida. Es un tema que quienes conocemos y vivimos en la ruralidad sabemos que ocurre (las sequía) hace más de 20 años y aquí necesitamos liderazgo. Hoy tenemos un panorama que es global, el avance de la desertificación y los Estados tienen que hacerse cargo. Necesitamos una política estable que aborde la sequía de una manera multidimensional, es decir: no solamente se necesita recursos para el revestimiento de canales o mejorar la limpieza de los pozos, buscar nuevas fuentes hídricas sino que también ver la dimensión sanitaria educacional. Tiene que existir una política robusta en materia hídrica”, señaló.
“La sequía es una catástrofe silenciosa. Hoy vemos un deterioro en la calidad de vida de las familias; es una situación dramática que no se puede desconocer y ante eso hemos realizado diversos medidas y mociones en función de escuchar al Consejo Regional Campesino tales como prórrogas para que el Código de Aguas y todas aquellas normativas del sector, por ejemplo, la inscripción o regularización de los pozos o la vigencia de la ley de los Servicios Sanitarios Rurales, capacitación en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, el aumento de 100 litros diarios por persona o precisamente la ley que congela las tarifas eléctricas de invierno para las APR”, recordó la parlamentaria.
