En fallo histórico, la tercera sala de la Corte Suprema acogió recurso de protección rechazado en la Corte en La Serena, y respalda a la Seremi de Salud para tomar medidas más drásticas, si es que la empresa agrícola Carsal continúa aplicando tóxicos de maneras que dañen la salud de la población vecina.
Hace dos años, la familia de María Isabel Mundaca decidió recurrir de protección a la justicia, porque los sucesivos sumarios sanitarios que levantaba la Seremi de Salud a la empresa Carsal, responsable de la aplicación industrial de agrotóxicos, que se había instalado en 2020 al lado de su casa, no lograban garantizar su derecho a la vida, a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La Corte de Apelaciones de La Serena falló en el 2023, que rechazaba el recurso, entre otros motivos, porque no se podía acreditar que los predios eran colindantes, ante lo cual, la familia decidió escalar a la Suprema, la que el 13 de mayo de 2024, vistos los antecedentes, decidió revocar lo establecido en la región, y exigir que toda nueva aplicación que quiera realizar la empresa agrícola Carsal en el predio, tenga la autorización previa de la autoridad sanitaria, de manera de salvaguardar las garantías constitucionales vulneradas.
La pugna con la agrícola en Chañaral de Caren, localidad donde se encuentran los predios comprometidos en el recurso, es de larga data. En 2020, la denunciaron por tala de bosque nativo y especies protegidas, lo que fue sancionado por Conaf con multa y orden de reforestar, la empresa recurrió a la Corte de Apelaciones de la Serena, la que determinó en marzo de 2024, que no se podía acreditar que el predio era de la empresa, porque lo que no solo redujo la sanción, sino que desestimó la obligación de reforestar, establecida por la Corporación Forestal. En 2019, otra denuncia pesó sobre la agrícola, mantener un vertedero ilegal de residuos peligrosos y tóxicos al aire libre, en la comunidad agrícola vecina a sus plantíos, con gran cantidad de envases de agrotóxicos, sin ningún tipo de resguardo acorde establece la ley. La denuncia fue acogida por el municipio y el titular fue obligado a disponer acorde la normativa los residuos. En estas circunstancias el 2020 comienza a operar el fundo Los Pumas, vecino a la casa de María Isabel Mundaca, el hijo, Anibal Carmona, que había sido parte de las denuncias anteriores, sostuvo conversaciones en varias ocasiones con el fundo, instando a que los planteles no se instalaran próximos a las viviendas, a que probaran hacer agricultura sustentable para no tener que contaminar, pero las recomendaciones no fueron escuchadas.
Es por ello que en 2021 comenzaron a sucederse reiterados episodios de intoxicación aguda por plaguicidas en los integrantes de la familia y en las mascotas, constatadas luego de denuncias, por la Seremi de Salud y por el servicio de salud local. De hecho, la situación llegó a tanto que la Seremi ordenó prohibición de aplicar, pero Carsal siguió intentando hacerlo, pese a la prohibición decretada. Cuando todas las instancias a nivel administrativo evidenciaban que igual María Isabel y su esposo Manuel, si no querían sufrir otra intoxicación, tenían que abandonar la casa cada vez que les avisaban que iban a fumigar, y buscar dónde quedarse las 24 horas necesarias para evitar la exposición, decidieron recurrir a la justicia.
Anibal señala “estamos conformes con el fallo, esperanzados, habíamos pedido que este tipo de faenas se sometieran a evaluación ambiental, y no se logró, pero sí quedó claro que hay afectación, y que en casos como estos, la Seremi de Salud está facultada para tomar medidas, incluso la clausura, si fuera necesario. A nosotros no nos interesa dejar sin trabajo a la gente, pero creemos que los planteles contiguos a las viviendas nunca debieron ser instalados. La actitud de los responsables de estos parronales ha sido temeraria y arbitraria, exponiendo la salud de toda una familia a sabiendas del peligro que significa el uso de productos tóxicos y su gestión, que por lo demás, muchas veces fue inadecuada y fuera de norma”.
Aníbal Carmona indica también que hace tres años, desde el Consejo Campesino de Monte Patria, “hemos venido promoviendo un diálogo multiactor sobre estas temáticas, y hoy hay diversas comisiones de trabajo buscando que estas situaciones que llevan años produciéndose en la comuna, la región y el país, dejen de ocurrir, mediante mejor y mayor información de los impactos de los agrotóxicos a la salud, tanto a la comunidad como a los profesionales de la salud; un ordenamiento territorial que tienda a evitar afectaciones a la población en esta materia; transición a otros modos productivos, etc…, de manera de asumir como sociedad que quien aplica se complica, y con ello busquemos soluciones de fondo a estos problemas, garantizando trabajo digno para la población local y una economía que no necesite envenenar al vecino para rendir resultados monetarios. Sin duda que el fallo del día de ayer, es un tremendo paso para eso”.
