La diputada Nathalie Castillo (PC) recurrirá a la Contraloría General de la República (CGR) por la autorización del permiso ambiental al proyecto de prospección “Campanario”, de la minera transnacional canadiense Barrick Gold Corporation.
Con el objetivo de identificar potencial de mineralización en el área, serán 116 plataformas de perforación para exploración, sondajes de hasta 500 metros y una inversión de US $36 millones los que se realizarán en el Valle del Elqui, en un escenario de profunda escasez hídrica en la región de Coquimbo y avance de la desertificación.
A juicio de la parlamentaria, ingresar el requerimiento al órgano contralor permitirá conocer si la autorización se adecuó a la normativa vigente.
“Son diversas las organizaciones que rechazan este proyecto. En plena crisis hídrica se van a realizar estos sondajes lo que va a perjudicar el curso de las aguas y las cuencas protegidas que se encuentran emplazados en el sector del Elqui, por eso realizaremos todas las gestiones que nos faculta nuestro rol fiscalizador para esclarecer los permisos ambientales y sectoriales que dieron luz verde a Campanario de la transnacional minera”, señaló la diputada, quien además ofició -a través de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados- a los distintos servicios regionales.
En ese contexto es que el “Movimiento Elqui Sin Mineras” -que agrupa 40 organizaciones sociales medioambientales- se ha manifestado en contra de la realización de esta iniciativa que vendría a reemplazar el yacimiento El Indio, cerrado el 2002.
Patricia Alrides, dirigenta medioambiental y parte de este movimiento, se suma a las críticas al proyecto desde la cosmovisión indígena y la afectación territorial que implicaría el emplazamiento minero.
“La obligación del Estado con Barrick Gold es fundamental para garantizar el respeto a nuestros derechos y territorios. Cada persona que pertenece a comunidades tienen un conocimiento ancestral y una conexión profunda con la tierra, lo que les da una perspectiva única y valiosa sobre el impacto del proyecto. La falta de consulta previa, libre e informada ha sido un punto de crítica, ya que se ha ignorado una vez más, la voz de las comunidades afectadas”, recalcó.
La oposición a “Campanario” señala que la biodiversidad y conservación ecológica se vería comprometida con el avance del proyecto canadiense. Reiteran su molestia, además, porque el proyecto no realizó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), exigiendo que se detenga esta primera etapa de exploración. Esto ya que la autorización del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el pasado 11 de julio solo fue mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a pesar de las más de 600 observaciones presentadas por la comunidad vecinal, activista y científica.
