La diputada por la región de Coquimbo, Nathalie Castillo (PC) solicitará que se realice una Sesión Especial en la Cámara de Diputadas y Diputados para analizar los problemas y recabar mayores antecedentes sobre la implementación y ejecución del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en todo el país. Esta institución sustituyó desde el 2021 al cuestionado Servicio Nacional de Menores (Sename).
La petición surge a partir de las denuncias de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Protección (ANTRAP) sobre prácticas antisindicales, acoso y hostigamiento laboral al interior del servicio regional.
“Esta situación nos tiene bastante preocupadas, no solo por el clima laboral en la región y en el resto del país, sino porque esto repercute de manera directa a las personas que son sujetas de protección del Estado, en este caso niñas y niños, tanto en situación de vulnerabilidad social como infractores de ley que deben tener y merecer especial protección por parte de estos servicios que hoy por hoy, dada la condición de implementación pero también de algunas situaciones de acoso y menoscabo va mermado el objetivo principal: la protección y el cuidado de las niñas y niños que pertenecen a estos servicios”, recalcó la diputada.
En tanto, para el presidente regional de la asociación, Sebastián Cousiño, no se han adoptado las medidas de rigor o bien se ha “instruido procedimientos administrativos que sólo buscan dilatar la toma de decisiones o derechamente eximir de responsabilidad a la alta dirección del servicio, a nivel nacional y regional, al círculo de confianza y ejerciendo un continuo hostigamiento en contra de quienes han representado o denunciado estas prácticas”.
Además de las denuncias por maltrato laboral, la sesión pretende abordar problemas asociados a los centros de todo el territorio nacional, relativos a fallas en infraestructura, sobrecupo en las residencias, salud mental y consumo de drogas de NNA, falta de personal, asignación de recursos, violencia al interior de estos hogares de protección, entre otras complejidades.
Cabe señalar que recientemente el Poder Judicial publicó el “Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”. De las 275 instituciones visitadas –de 290- se inspeccionaron 14 en las comunas de Illapel, Ovalle, La Serena y Coquimbo, identificando una alta sobrepoblación en la capital regional con un 79%, alto índice que comparte con las ciudades de Arica (83%), Iquique (80%) y Punta Arenas (50%). Cabe consignar que el 90% de las residencias del país pertenecen a privados, en su mayoría fundaciones. Este año han cerrado 5, otros 15 se encuentran en ese proceso y el año pasado dejaron de funcionar otros 23, según informa La Tercera.
