Las autoridades, acompañadas por familiares de víctimas de violencia en comunidades educativas, participaron de la presentación de la iniciativa del Ejecutivo y anunciaron que se tramitará con suma urgencia en el parlamento. “Este proyecto robustece el marco normativo existente, propendiendo a una mayor coherencia del sistema y a su actualización frente a las transformaciones del fenómeno”, explicó el ministro Nicolás Cataldo.
En una ceremonia realizada en La Moneda, la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, presentaron hoy el proyecto de ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, a parlamentarios, autoridades del sector Educación, representantes de comunidades educativas y de familiares de víctimas de violencia en comunidades educativas: la madre de José Matías de la Fuente Guevara, la hermana de Katherine Yoma Valdivia y la familia de Katherine Winter Zamorano.
La propuesta legislativa, que fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública del pasado 1 de junio, aborda y promueve en forma integral, ordenada y sistémica una forma de gestión para que las comunidades educativas sean espacios de protección y bienestar, fomentando acciones integrales, sistémicas y eficientes que ayuden a prevenir y erradicar cualquier tipo de acoso, violencia y discriminación al interior de los establecimientos.
Al respecto, la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, señaló que este proyecto de ley “que hemos presentado como Ejecutivo se quiere hacer cargo de que en el ámbito escolar se aprenden muchas cosas, pero una de las más importantes y de las que por largo tiempo menos se ha hablado es que se aprende a convivir, se aprende a vivir juntos, vivir juntos en comunidades donde hay diferencias”.
La autoridad añadió que “este proyecto es importante, porque es una pieza clave de algo que como país tenemos que enfrentar en profundidad. Es posible gracias a la voz que han levantado las familias en el tiempo, a partir de lo que les tocó vivir. También por la manera en que distintas bancadas parlamentarias tomaron estos temas y fueron dejando semillitas con sus distintas mociones”. Y confirmó que “lo vamos a tramitar con suma urgencia. No puede ser de esas buenas ideas que se instalan y quedan ahí. Así que dentro del mes estaríamos votando”.
Asimismo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, advirtió que “como sociedad hemos presenciado una lamentable normalización de hechos de violencia. Lo que es más preocupante, se ha ido validando como mecanismo de solución de conflictos. Las comunidades educativas no son ajenas a este fenómeno. Sabemos las serias dificultades que enfrentan a diario los establecimientos educativos en materia de convivencia y salud mental. Junto a la recuperación de aprendizajes y el fomento a la asistencia, este es uno de los principales desafíos para la gestión educativa post pandemia”.
Junto con ello, señaló que este proyecto “robustece el marco normativo existente, propendiendo a una mayor coherencia del sistema y a su actualización frente a las transformaciones del fenómeno. La propuesta apunta a promover una forma de gestión para que las comunidades educativas sean efectivamente espacios de protección y bienestar, promoviendo acciones integrales, sistémicas y eficientes que ayuden a prevenir y erradicar cualquier tipo de acoso, violencia y discriminación al interior de los establecimientos”.
“Agradezco la profunda generosidad de quienes hoy nos acompañan y han sido parte de estas discusiones por razones que como sociedad lamentamos y deseamos no se repitan. Sepan que trabajamos teniendo muy presente la memoria de sus seres queridos, ansiando que las medidas y acciones que proponemos sean un aporte, especialmente en la dimensión preventiva”, concluyó la autoridad.
Martín Morgado, estudiante del Liceo Bicentenario Andrés Sabella de Antofagasta, intervino en representación de las comunidades educativas. Indicó que “el proyecto es una clara y certera respuesta a una demanda urgente y muy sentida del movimiento estudiantil las últimas décadas. Valoramos que el Estado contribuya en asegurar la figura ineludible de un coordinador o coordinadora de convivencia escolar en cada lugar de nuestro territorio. Actualmente las y los estudiantes nos encontramos muchas veces sin saber a quién acudir cuando nos vemos en situaciones de vulneración, porque no todas las comunidades educativas cuentan con las herramientas y capacidades necesarias para acompañar a víctimas de acoso escolar o violencia en las escuelas”.
Agregó que “este proyecto de ley no solo escucha al estudiante, sino que también a su comunidad. Es un avance que priorice el bienestar de los equipos docentes, asistentes y trabajadores de la educación. Necesitamos reconstruir nuestro sentido de pertenencia e identidad. Para esto, fortalecer los espacios de participación es indispensable”.
Para la elaboración de este proyecto de ley se consideraron diversas iniciativas técnicas previas que han posicionado en el debate público la necesidad de regular los ejes de la convivencia, considerando los distintos tipos de violencia que surgen en el espacio educativo, como ciberacoso, discriminación, acoso sexual, entre otros: el informe del Consejo Asesor en Convivencia Escolar, Bienestar y Salud Mental (2022), el informe del Consejo para la Reactivación Educativa (2023), el reporte de recomendaciones de la Mesa Técnica Centros Educativos como Espacios Protegidos (2023), además de la reciente actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa (2024).
Además, la propuesta del Mineduc recoge otras iniciativas legislativas precedentes. Por ejemplo, amplía lo abordado en el proyecto de Ley Boletín N°13983, -conocido como “José Matías” en alusión al adolescente trans que se suicidó en Copiapó en 2019, víctima de bullying-, que se encuentra en segundo trámite, al incorporar ideas de diversos proyectos de ley relativos a convivencia educativa, no discriminación, seguridad, protección de los equipos educativos y prevención de delitos y consumo de drogas en los espacios educativos, entendidos como factores de riesgo que afectan el clima y la salud mental de las comunidades educativas. Además, integra contenidos relevantes para abordar el bienestar de los equipos educativos, elaborados a partir de diversas experiencias, entre ellas la que llevó al suicidio a la profesora Katherine Yoma, este año en Antofagasta.
Fortalecimiento de funciones
Contar con medidas efectivas para mejorar la convivencia es una demanda creciente de las comunidades educativas. En 2023, la Superintendencia de Educación registró más de 17 mil denuncias, de las cuales el 72,1% fueron por convivencia, 4,9% más que el año anterior.
Para enfrentar esta demanda con un marco normativo adecuado, este proyecto de ley propone una serie de medidas que se agrupan en cuatro ejes:
- Establece el rol del Estado para abordar la convivencia;
- Robustece el rol de coordinación y los instrumentos de gestión para la convivencia educativa;
- Fortalece funciones institucionales que orienten un enfoque pedagógico;
- Contempla el bienestar de los equipos educativos en los establecimientos.
